Irregularidad
Algunos decretos LF con errores legales
Nombran funcionarios en entidades que no existen
Por Roberto Valenzuela / elcaribecdn.com
Viernes 3 de octubre del 2008 actualizado a las 7:23 AM

Desorden. En muchos casos, las anomalías en los decretos han generado conflictos entre los designados y ratificados.(El Caribe)

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha cometido errores en la elaboración de algunos decretos llevando al presidente Leonel Fernández a nombrar funcionarios en posiciones que no existen o a designar dos y tres veces a una persona en el mismo cargo.

Estas irregularidades han creado sobresaltos, conflictos y momentos desagradables a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los aliados y otras personas favorecidas con nombramientos del Poder Ejecutivo.
Ha sorprendido que la Consultoría del Gobierno, dirigida por el reconocido abogado Abel Rodríguez del Orbe, haya cometido tantas imprecisiones en el nombramiento de personas en tan corto tiempo (un mes y medio), obligando, en algunos casos, a que un funcionario se le entrega su designación y al día siguiente hay que emitir otro decreto corrigiendo el anterior.
En muchos casos, fundamentalmente con los subsecretarios, se ha designado una persona en una posición, pero resulta que a quien ocupa esa misma posición se le ha entregado un decreto ratificándolo en el mismo lugar. Entonces, se originan dos nombramientos para una sola posición pública.
A muchos funcionarios se les han asignado cargos que contravienen una ley.
El cinco de septiembre la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia dio a conocer el decreto 474-08, mediante el cual el ex dirigente sindical Domingo Jiménez fue nombrado en la inexistente función de Ordenador de los Fondos Europeos de Desarrollo (Onfed).

Esta designación violó la Ley 496-06 que transfirió las funciones de esa institución a la Secretaría de Planificación, Economía y Desarrollo.

La ley, promulgada por el presidente Fernández el 28 de diciembre del 2006, traspasa las funciones de la indicada institución a la Subsecretaría de Cooperación Internacional de la referida cartera.
El mandato de la misma ley fijó para el 31 de julio de este año la eliminación de la oficina donde fue nombrado Jiménez, y las funciones transferidas a la Subsecretaría de Cooperación Internacional. Inclusive, el pasado titular de la Onfed, Onofre Rojas, pasó 16 días en esas funciones de manera ilegal, si se observa que la Ley 496-06 obligaba al Gobierno a eliminar esa institución y traspasar sus funciones a la Secretaría que dirige Temístocles Montás.
De nuevo, el 12 de septiembre el presidente Fernández designó a Domingo Jiménez como director general de la Cooperación Multilateral de la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo mediante el decreto 531-08 para enmendar el error que cometió cuando lo designó como Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo.
A la ex dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Octavia Medina, se le emitió un decreto destituyéndola como sub-administradora de la Lotería Nacional, pero luego se emitió el decreto 485-08 nombrándola en la misma posición.
Por su parte, Félix Tavárez ha sido nombrado dos veces administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte). Mientras que Ignacio Ditrén fue confirmado dos veces como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa). El último decreto fue el 364-08.

Con César Pina no hubo imprecisiones

Durante la administración de cuatro años del ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, esa situación de ilegalidad e imprecisiones nunca se llegó a presentar.

En un trabajo conjunto, Pina Toribio y el sub-consultor Alejandro Herrera, eran muy metódicos en la elaboración de los decretos, en su publicación y entregándoselos a los beneficiados.

Siempre se siguió al pie de la letra esta labor. Pina Toribio fue nombrado secretario de la Presidencia y Herrera, como subsecretario de la misma cartera. Además se observó que la mayor parte de las secretarias y asistentes de la Consultoría fueron trasladados a la Secretaría de la Presidencia.

En la actualidad, para emitir los decretos, como ha sido costumbre del presidente Fernández, se ha seguido el sistema a cuenta gotas, al punto de que a un mes y 15 días de asumir el Gobierno, aun faltan muchos funcionarios que deben ser ratificados, sustituidos o nombrados en otros cargos.

Designa en una institución inexistente

Otra ilegalidad que se cometió en el nombramiento de funcionarios fue cuando mediante el decreto 355-08 el Presidente nombró al arquitecto Franklin Labourt como director del desaparecido Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (Conau).

El mismo fue dado a conocer el 27 de agosto y había creado controversias porque se había filtrado días antes. En este decreto el Presidente designaba a José Francisco Peña Guaba en la Lotería Nacional.

El 12 de septiembre el gobernante tuvo que volver tras sus pasos y en el decreto 533-08 nombra a Labourt director general de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Secretaría de Estado de Economía Planificación y Desarrollo.

Esta disposición derogó el artículo 8 del decreto número 355-08 del 27 de agosto. Se recuerda que este mismo decreto provocó fricciones entre la Dirección de Prensa del Palacio Nacional y la Consultoría Jurídica.

El portavoz del Palacio advirtió en esa oportunidad que a la oficina a su cargo era que le correspondía dar a conocer los nombramientos.

Un conflicto
Otro motivo de conflicto ha sido la designación de Juan José Báez como director ejecutivo del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).

Se alega que este organismo fue creado mediante la Ley de Defensa al Consumidor aprobada en el 2005 en el Congreso Nacional y que establece que este cargo debe asignarser mediante una terna.

Báez fue nombrado en el decreto 529-08 del 12 de septiembre, pero aún no había asumido la posición.
Ayer, nuevamente, el Presidente Leonel Fernández emitió el decreto 618-08 nombrando a Carmen Natividad Meléndez Céspedes, como directora de Pro Consumidor, y anuló el decreto que designaba a Báez en la misma posición.